PRESENTA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO INICIATIVA DE REFORMA FISCAL PARA ELIMINAR PRIVILEGIOS FISCALES Y GRAVAR A PARTIR DEL INGRESO

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Con el fin de aligerar la carga fiscal que tienen que soportar los ingresos petroleros, así como mejorar los porcentajes generales de recaudación de impuestos y tender a un régimen fiscal que elimine privilegios y grave en concordancia de los ingresos de cada contribuyente, Andrés Manuel López Obrador hizo público hoy la “Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”.

Dirigida a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP) para que sean ellos quienes abanderen esta iniciativa del Gobierno Legítimo de México, el proyecto de ley fue presentado en conferencia de prensa por Mario Di Constanzo, secretario de la Hacienda Pública, José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas, y Rogelio Ramírez de la O, asesor, todos ellos miembros del equipo de gobierno de López Obrador.

Al explicar los alcances de la iniciativa legislativa presentada, Mario Di Constanzo señaló que ésta “busca la derogación del régimen de consolidación fiscal que permite a los grandes grupos financieros eludir el pago de una cantidad importante de recursos” que de lo contrario irían a las arcas hacendarias, pues “este régimen permite que estos grupos consoliden las utilidades y las pérdidas de sus empresas y reduzcan la mayor parte del monto de impuestos que les correspondería aportar al fisco”.

El economista y miembro del equipo de gobierno lopezobradorista indicó que el régimen de consolidación fiscal “ha generado un mercado secundario de empresas en quiebra que son utilizadas para eludir impuestos. De acuerdo a nuestras estimaciones —dijo— el fisco mexicano deja de recaudar entre 90 y 100 mil millones”.

Más adelante afirmó que otro objetivo de la iniciativa de reforma fiscal presentada a los legisladores del FAP persigue “la derogación de la posibilidad de que las empresas utilicen la depreciación acelerada, sobre todo en terrenos y en activos, para evadir impuestos”; explicó que la declaración de inmuebles y activos depreciados es otro recurso usado para justificar el no pago de impuestos, “lo cual es absurdo, ya que los inmuebles van ganando precio año con año”. Por este camino, aseguró Di Constanzo, “hemos calculado que se produce una evasión de entre 45 y 50 millones de pesos cada año”.

Asimismo, informó que la iniciativa también busca gravar las operaciones realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores que estén prediseñadas para eludir impuestos, y puso como ejemplo “la venta de Banamex en la que se usó la Bolsa Mexicana de Valores únicamente para aprovechar las facilidades fiscales de no pagar impuestos”.

En su momento, Rogelio Ramírez de la O explicó que al pensar en la necesaria reforma fiscal, “hay que escoger si queremos gravar el consumo o el ingreso, ésta es la disyuntiva; si gravamos el consumo —indicó— tenemos que irnos por el IVA en alimentos y medicinas, y si gravamos el ingreso, tenemos que irnos donde está el ingreso. La propuesta que se está presentando toma la línea de que se grave donde más hay. Si gravamos el consumo con IVA en alimentos y medicinas es quitarle más a la gente que ya no tiene porque, aunque se pretenda dar una ayuda a los estratos más bajos de ingresos, no sería suficiente y de todas maneras nadie va a compensar a la clase media”.

El asesor lopezobradorista agregó que “lo viable es gravar el ingreso, y el ingreso está concentrado precisamente en los grandes contribuyentes; ni siquiera se trata de todas las empresas, se trata de los grandes contribuyentes donde hay holgura suficiente para contribuir adecuadamente”.

A pregunta de los reporteros, Mario Di Costanzo señaló que “no se trata de aumentar impuestos a los grandes consorcios ni de poner impuestos nuevos, sino de que las empresas no puedan utilizar los regímenes fiscales que impiden que paguen lo que la ley señala. Las empresas estarían así en un mejor nivel de competitividad porque todas contribuirían de la misma manera”, y agregó: “este régimen fiscal ha sido eliminado en muchas legislaciones de muchos países, así que no estamos proponiendo nada fuera de lo común. No se afectaría a las empresas, pagar impuestos es una obligación en todos los países; de lo que se trata es de mejorar la recaudación fiscal”.

Al abundar sobre los beneficios de la propuesta de reforma fiscal presentada, los secretarios del gabinete de gobierno de López Obrador aseveraron que “con estas modificaciones calculamos que el fisco mexicano podría recaudar entre 180 y 200 mil millones de pesos anuales que, acompañados de un programa de reducción importante del gasto, es decir, de austeridad republicana, le permitiría contar al fisco con aproximadamente 300 mil millones de pesos, prácticamente el doble de lo que ahora recauda, para hacer frente a sus obligaciones y destinar más recursos a educación y a Pemex, por ejemplo”.

“Con estas modificaciones —añadieron— no sería necesario tocar la estructura del IVA y mucho menos su aplicación en alimentos y medicinas, ni el cambio de tasa cero a exentos. Creemos que el régimen fiscal mexicano permite estas modificaciones porque si revisamos el origen de la recaudación nos damos cuenta de que, a pesar de que las empresas contribuyen con la mayor parte del ingreso nacional, su contribución al pago de impuestos como porcentaje del PIB es muy similar a la que tienen los asalariados, es decir, los contribuyentes cautivos que dan entre 20 y 25 % del ingreso nacional; esta desproporcionalidad —indicaron— se pone de manifiesto al encontrarnos con que las empresas recurren a estos regímenes fiscales para eludir impuestos.

Finalmente, Di Constanzo afirmó que la práctica de evasión de impuestos mediante la consolidación fiscal y la depreciación de inmuebles y activos “va en contra de la competitividad de las empresas porque no todas ellas tienen la facilidad de recurrir a esta práctica, solamente los grandes grupos económicos, las famosas holdings, lo que pone en desventaja a las pequeñas empresas que tienen que contribuir con su 28%.

Cabe señalar que entre los motivos que sustentan la iniciativa se señalan los siguientes, tomados de manera textual del texto de la propuesta de reforma fiscal:

· Las necesidades de la economía nacional tanto en materia de desarrollo social como en materia de infraestructura económica e inversión son muy superiores a la actual recaudación de impuestos, y por lo tanto, deben cubrirse en una parte significativa con ingresos petroleros, los cuales representan la venta de un activo no renovable.

· El agotamiento del petróleo, como recurso no renovable que es y la falta de inversión en el sector energético, obligan a Pemex a posponer su modernización, la adquisición de nuevas tecnologías, y la ejecución de proyectos prioritarios para satisfacer la demanda nacional de productos elaborados con base en el petróleo.

· Es importante mencionar que aun y con los ingresos petroleros históricamente altos en los últimos cinco años, el déficit por necesidades no atendidas en los renglones señalados asciende a cuando menos 3 puntos porcentuales del producto interno bruto.

· Esta situación, de no corregirse en el corto plazo, presenta riesgos muy altos para la economía nacional, entre los que destacaría el desequilibrio fiscal que haría peligrar la estabilidad financiera de México y el valor de la moneda, sin mencionar los riesgos de pérdida en la inversión extranjera.

· Aun disponiendo de cuantiosos ingresos petroleros extraordinarios, el gobierno se ha visto imposibilitado para atender necesidades básicas del país, tales como el gasto en educación, en ciencia y tecnología, y en inversión en infraestructura social y económica, incluida la inversión del sector energético.

· La debilidad financiera a la que la hacienda pública podría estar expuesta, generaría múltiples presiones para ceder al capital privado sectores de la exploración, producción, refinación y transporte de energéticos, entre otros, que le harían perder aún más la sinergia potencial entre diversas actividades industriales y comerciales que tiene cualquier empresa petrolera integrada, como lo es Pemex, con el resultado de una pérdida de valor económico para todos los mexicanos.

· No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre 10% y 11% del producto interno bruto; mientras que en otros países, incluso aquellos que se clasifican como en vías en desarrollo, la recaudación excede a15% y en algunos casos llega hasta 20%.

· Dicha debilidad de recaudación de ingreso tributario (calculada por la Secretaría de Hacienda y crédito Público en un 5 por ciento del PIB), ha obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.

· En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales de nuestro país, que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal, establecido en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna. Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso Federal, han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México.

· En la actualidad, se da la paradoja que el sistema tributario mexicano, en la vertiente del impuesto sobre la renta, está sustentado estructuralmente en las retenciones que de ese impuesto recae sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores, y no en los ingresos efectivos de las empresas para las cuales ellos laboran.

· Esto es consecuencia del modelo neoliberal económico que México ha adoptado, que bajo premisas falsas propone la conveniencia de fortalecer —hacer más ricas— a las empresas de por sí ricas, para de ese modo generar, supuestamente, una mayor riqueza nacional y colectiva.

· Bajo esa óptica es como se han arraigado diferentes prerrogativas impositivas en favor de los contribuyentes con mayor capacidad económica en nuestro país, sin beneficio material alguno para el país ni para los trabajadores, puesto que los ingresos tributarios no han crecido al ritmo augurado por los precursores del neoliberalismo fiscal, ni los trabajadores han visto fortalecidos sus sueldos reales ni su poder adquisitivo. Los empresarios ricos lo son cada vez más, sin beneficio incremental alguno para el fisco federal ni para los sectores sociales de México. Por lo demás, el abuso empresarial ha sido la nota característica en la aplicación de esos privilegios.

· Los privilegios fiscales son resultado de esas políticas neoliberales y causa de los efectos desfavorables apuntados. Por ello, en la presente iniciativa de reforma, en lo que hace al régimen del impuesto sobre la renta, se propone una supresión en los beneficios de los que tienen un mayor impacto en las finanzas públicas, como es el caso de la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, del régimen de consolidación fiscal, y de la opción para constructores y desarrolladores inmobiliarios de deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquieran. En este mismo curso se ubica la propuesta para modificar la exención sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas.